El pasado viernes 21 de febrero, durante su visita a la Universidad Rafael Landívar, la diputada Andrea Reyes, integrante de la bancada suspendida Semilla, no esquivó ninguna pregunta. Ante las críticas al Congreso y los resultados del Colegio de Abogados y Notarios, Reyes enfatizó la urgencia de reformas ambientales y sociales.
La bancada Semilla inició el año político con el pie izquierdo. Además de los obstáculos para levantar su suspensión, la agenda nacional se vio marcada por la tragedia en la Calzada de la Paz, controversia alrededor de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y debates estancados sobre reciclaje. En medio de esta turbulencia, la abogada Andrea María Reyes Zeceña crítica el rol e impacto del Congreso.
Reyes es abogada, notaria y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar. Antes de asumir como funcionaria pública en 2024, desempeñó roles como representante legal y fiscal nacional ante el Tribunal Supremo Electoral para el partido Semilla. Actualmente, representa al distrito de Guatemala como diputada independiente, desde la suspensión de su bancada.
La Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo provisional. Existe la facultad de declarar un amparo provisional desde un tribunal de menor nivel que, en este caso, fue la Sala Tercera. Denegaron esta moción, y nosotros apelamos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Cuando apelamos, la corte defiende que no hay un daño eminente y que, por lo tanto, tiene que resolverse en definitiva para recuperar los derechos como bloque. Hay varias salidas.
Están las opciones más políticas y las que pasan por transformaciones legislativas. Además, existen las soluciones jurídicas que se responden en los tribunales. La realidad es que los tribunales no han estado respondiendo a la altura de las circunstancias. El día de hoy [21 de febrero] vimos cómo respondieron ante el caso de Jimmy Morales. En nuestra situación muy particular, tenemos que continuar los trámites del proceso penal. Primero, buscamos quitar al juez Orellana, que no es un juez objetivo, y segundo, conocer el caso en sí mismo con otro encargado.
Me parece que eso todavía no está. Por lo que entiendo, la Corte resolvió que se tiene que hacer el análisis financiero y ver si posteriormente se somete al pleno. Entonces, la Corte Constitucional (CC) emitió un comunicado respondió que el aumento salarial debía pasar por estos dos pasos. Pero la resolución no dice eso.
Por un lado, la Corte de Constitucionalidad emite un comunicado y, por otro lado, resuelve de manera distinta. Entonces, el aumento salarial sí tiene que pasar por un reajuste financiero. En lo personal, lo veo complejo porque todo está indexado a cómo se manejan los salarios en el organismo judicial.
Las variaciones en dicho organismo afecta directamente al presupuesto del Congreso. Pero, sí es importante también decir que, en todo caso, [el aumento] es al presupuesto de este año. No es permanente: la enmienda aplica solo para el acuerdo que aprueba el presupuesto del Congreso para el año 2025.
Esta ley nace tras una serie de mesas y trabajo conjunto con la sociedad civil y, particularmente, con la SVET (Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata), a cargo de la señora vicepresidenta la República, la doctora Karin Herrera. Surgió a partir de una serie de casos fuertes que se encontraron al entrar el nuevo gobierno en el año 2024.
Una serie de redes de trata explotaban sexualmente a niñas, niños y adolescentes dentro de los centros cancelarios, principalmente por las pandillas. Esta es una ley que debería afectar estas prácticas.
Encontramos que existían vacíos legales que no permitían que el castigo a las personas que tratan con niños dentro del sistema penitenciario fuera realmente severo. Impulsamos un delito, que es el ingreso ilegal de menores a los centros penitenciarios.
Promovimos una serie de registros biométricos. Si el niño tiene que entrar al centro penitenciario a visitar a algún referente familiar que está guardando prisión preventiva o purgando condena, tendrá que necesariamente pasar por esta serie de controles.
Hasta el día de hoy, la visita conyugal se hacía al mismo tiempo que la visita familiar. Nosotros las separamos. Entonces, si la señora quiere visitar a su esposo que está guardando prisión preventiva o está purgando condena, tendrá que hacerla en una circunstancia distinta al momento en el que se hace la visita familiar. No se pueden revolver. Sobre todo, busca prohibir la entrada de menores de edad a la visita conyugal.
Existe una edad de consentimiento por encima de los 14 años y, a partir de ahí, no se considera exactamente delito. Pero, sí vale la pena que los menores de edad no entren a las cárceles a hacer visita conyugal. Precisamente por lo que esto ha significado en el pasado, y el modus operandi en que las pandillas ingresaban menores de edad para ser explotados sexualmente en la prisión.
La idea es tener espacios controlados, la creación del delito, la separación de los tipos de visita y la prohibición de la visita conyugal para menores de edad.
Estoy tratando ser prudente con el tema de la planilla 10. Sí llamé al voto para que los colegiados activos fueran a votar. Hay afinidad porque tenemos a un compañero que, actualmente, está siendo criminalizado y que formó parte de esa planilla. Y ahorita está, lamentablemente, guardando prisión preventiva por el caso Semilla. Además, es asesor nuestro.
Pero sí esperamos que, con esta nueva Junta Directiva que debería integrar el CANG, se empiecen a hacer todas las fiscalizaciones internas en las que el Colegio ha fallado hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con el fondo de inversión? ¿Qué pasa con los fondos de pensiones de los abogados y notarios? Confío que la nueva planilla va a fiscalizar y va a ser lo primero que va a ver.
Anualmente, a nosotros como agremiados, se nos cobra un congreso del que nadie sabe y es otra cosa que tenemos que fiscalizar, porque se nos cobra. No te tienen como colegiado activo si no pagas ese congreso.
También, ver cómo se está manejando el tema de los timbres notariales y forenses, que usamos los abogados para poder autorizar nuestros instrumentos públicos.
Por otro lado, creo que la trascendencia política de esta elección se debe a que el Colegio de Abogados y Notarios tiene dos sillas que forman parte de la comisión de postulación que elige al fiscal general. Entre ellas está el Tribunal de Honor y la Junta Directiva.
La licenciada Patricia Gámez y la licenciada Alicia Franco van a tener el reto de formar parte de esa comisión de postulación, hacer un trabajo digno, evitar que los peores perfiles lleguen e impulsar los mejores a la nómina.
Asumí un cargo como funcionaria pública y, a partir de eso, me veo inhabilitada dentro del protocolo como tal. Esto no afecta ni mi colegiación profesional ni mis títulos universitarios. Lo que sí afecta es lo que yo puedo hacer como notaria.
Me gradué como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Este tercer título responde a la capacidad que yo tengo de dar fe pública de todo lo que hago. Evidentemente, por ser funcionaria pública, se me inhabilita.
Los net centers, al notar que aparezco en el listado de inhabilitación, comparten que ya no puedo votar en el Colegio de Abogados y, además, preguntan por qué estoy litigando el caso de la bancada Semilla si estoy inhabilitada. Revuelven las tres cosas. Son cuestiones técnicas y minuciosas.
Yo solo estoy inhabilitada ante una institución, el Archivo General de Protocolos, desde hace casi dos años. Precisamente por la función pública que ejerzo y porque me postulé como candidata a diputada. Esa cuestión se tergiversa para atacarme.
Al día siguiente de la acusación, en una nota de Soy502, aparezco junto el diputado Ángel Pineda, quien, por su función pública, también está inhabilitado como notario.
Hubo contraste, donde dos funcionarios públicos, que políticamente están encontrados, se encuentran en una situación parecida. Se trata más de trámites administrativos que de otra cosa.
La realidad es compleja: la mayoría de las municipalidades estaba ya haciendo el trabajo necesario para poder separar los residuos.
En gran parte de Latinoamérica, ya están clasificando, y nosotros estamos en una fase de disposición de nuestros residuos de forma más técnica. Ni siquiera estamos hablando de reciclar directamente, sino solo de separar. Hubo un pequeño retroceso para garantizar gobernabilidad, porque la municipalidad que más contamina es la municipalidad de Guatemala y los municipios a su alrededor. Todos vierten sus residuos en el vertedero de la zona tres.
Tenemos que manejar esta situación de otra forma, tomando en cuenta a recolectores de base, recicladores, y a los mal llamados “guajeros”. Estas son las personas que sí van a ser afectadas con la entrada en vigor de este reglamento. Pero, sin duda, tenemos que dar pasos más firmes para separar nuestros residuos.
En cuanto al tema legislativo, la bancada Semilla ya empezó a explorar posibilidades de formular una ley marco, que obligue a las municipalidades a tomar esta clase de medidas. No quisiéramos llegar a regulaciones del Legislativo, porque las leyes son más rígidas que un reglamento, el cual se puede adaptar con el tiempo y con las necesidades que va teniendo el país.
El manejo de residuos requiere más agilidad que veinte años dentro del Congreso, buscando apoyos para poder pasarla. Esas son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para que la ley no sea tan específica hasta el punto de restringir la forma en la que se manejan los residuos. Pero, sí facultar al Ministerio [de Ambiente y Recursos Naturales] para imponer sanciones.
Hablando del trabajo que hemos hecho como bancada, durante el año pasado, se recogieron insumos para trabajar, desde el Ejecutivo, un reglamento de tránsito. Para que sea más rígido en términos de normativa, para que la Dirección General de Transportes tenga más poder para sancionar a los transportistas.
Por otro lado, tenemos una ley marco de Movilidad, que se está trabajando también desde el año pasado, y estamos por presentarla. Todavía realizando ajustes para presentarla como iniciativa de ley, y para buscar los apoyos en el Congreso para su aprobación.
La ley de Movilidad no solo va a regular el transporte público, sino que permitirá que la movilidad humana (bienes, servicios y personas) sea un poco fluida en estos términos.
Aquí también entraría la ley de Infraestructura Vial, que aprobamos el año pasado, que va a permitir mejorar las condiciones de los servicios del transporte dentro de las rutas nacionales.
El Congreso tiene la facultad de fiscalizar cómo se van a usar esos recursos. Considero que 7 millones de quetzales para resolver la situación de las personas deportadas es muy poco dinero. Más que nada, lo que se ha buscado es que existan programas que apoyen a los migrantes deportados para que no tengan necesidad de volverse a ir. El INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad) aprobó una serie de becas que van a garantizar que se puedan preparar.
Muchos ya vienen con estudios pre-invertidos de parte del estado americano. Van a poder ejercer sus oficios en Guatemala de lo que aprendieron allá. Esa es una las ventajas que tenemos. También es parte de los acuerdos a los que se llegaron con el secretario Marco Rubio, cuando estuvo aquí, con el presidente Arévalo.
