En Guatemala, las mujeres viven en tres cuartos

Guatemala no es una Casa cualquiera. Tiene muros construidos de sueños rotos y ventanas que, al mirar a través de ellas, dan hacia una plaza donde desborda el miedo. En la fachada hay tres puertas de madera descascarada.

La primera conduce al Pasado, donde el polvo y la ceniza se adhieren a las paredes. La segunda lleva al Presente, un cuarto de pintura amarillenta donde aparentan buscar justicia. Y la tercera transporta al Futuro, a la Plaza de la Constitución, enfrente de un círculo de cruces blancas en memoria de las niñas que la Casa no supo cuidar.

Dentro de este lugar, se decide la vida y la muerte de muchas mujeres. Aunque hayan nacido aquí, no tienen derecho ni siquiera a rondar los pasillos con tranquilidad.

El Pasado: El cuarto de las cenizas

Hay hogares que pretenden proteger y terminan devorando. En esta habitación, hay un terreno inmenso, con edificaciones pequeñas esparcidas por la tierra. El espacio está dividido en módulos, dormitorios que separaban unos perfiles de otros.

Antes del incendio en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, se segmentaba a las niñas acorde a sus casos y características. Por ejemplo, a las más pequeñas las tenían en un módulo, separadas a las jovencitas involucradas en drogas y pandillas. “Tenían que tener instalaciones completamente diferentes”, señala Lily Muñoz, socióloga y perita en el juicio de este caso.

Las niñas que vivían en este hogar de abrigo y protección del Estado eran víctimas de violencia. Karla López, socióloga e investigadora para Diálogos, destaca que estas actitudes están enraizadas en las formas de crianza y de socialización.

En su artículo “Invisible y silenciada: la violencia contra las mujeres”, López detalla que, en 2024, el Ministerio Público registró 52,223 denuncias. 56% de ellas fueron clasificadas como violencia psicológica, mientras que 42% de los casos fueron ataques físicos.

En los últimos años, estas cifras y el fenómeno de violencia en contra de las mujeres han adquirido más atención mediática. No obstante, los medios abordan estos hechos con poca reflexión, como si fueran simples relatos. Se han normalizado las portadas y publicaciones en redes sociales, describiendo a detalle los ataques. Puede que los medios busquen sensibilizar a la población, pero el tratamiento que le dan a estos hechos solo incrementa la indiferencia de los guatemaltecos.

Otro factor que rodea este problema estructural es la falta de respuesta por parte de las autoridades judiciales. Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, explica que las denuncias de violencia contra la mujer tardan, en promedio, entre tres y cinco años para llegar a juicio. “Los grupos especializados de la Policía Nacional Civil también se han debilitado, lo que limita la posibilidad de manejar adecuadamente la escena del crimen”, añade.

El caso del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” abrió un espacio no solo para abordar la violencia, sino también la discriminación. Esto se debe a que las víctimas son un segmento de la población que el Estado ha ignorado históricamente. Lily Muñoz explica que vivían una imbricación de opresiones. “Eran niñas en un mundo adultocéntrico. Eran mujeres en una sociedad patriarcal. Eran empobrecidas en una sociedad clasista. Y, además, varias de ellas eran indígenas, eran mayas, en una sociedad racializada”, concluye.

Tras 19 meses de juicio, el martes 12 de agosto se dictó sentencia contra siete exfuncionarios involucrados en este caso. Sin embargo, la jueza Ingrid Cifuentes determinó que se trató de homicidio culpo, en lugar de considerar el incendio como acto intencional. Esto dio lugar a sentencias leves, considerando que 41 niñas fallecieron. Sobre esta conclusión, Paula Barrios opina: “La sentencia tampoco genera un efecto disuasivo ni garantiza que estos hechos no se repitan”.

El artículo 11 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer determina que la reparación de las víctimas es proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del perpetrador. Si algo demuestra la sentencia de la jueza Cifuentes es que el asesinato de niñas representa un hecho violento en todos los países, excepto Guatemala. El juicio en sí mismo fue un punto de inflexión, pero el resarcimiento a las sobrevivientes no llegará tan rápido a esta Casa.

El Presente: El juzgado amarillo

Giramos la manija de la segunda puerta y entramos en una sala que, a primera vista, no parece un tribunal. Paredes coloreadas de una pintura amarillenta, clara y opaca a la vez, cielo falso segmentado en cuadrados simétricos. Un espacio que recuerda más a un departamento que a una sala de justicia. Unas rejas negras dividen la sección donde está la jueza y los abogados debatiendo si 41 niñas asesinadas constituyen un delito.

El caso del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” ha recibido bastante atención mediática, pero hay muchos otros que permanecen en las sombras. Karla López, en su texto “Invisible y silenciada: la violencia contra las mujeres”, explica que, en 2024, se registraron 185 femicidios por el Ministerio Público (MP). Esta es la forma más grave de agresión, aunque hay otros tipos de violencia que acechan a las mujeres, como física, psicológica y sexual. Este último es el ataque más devastador, después del femicidio.

Cecilia Valvert, jefa del departamento de psicología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), enlista las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia, que incluyen: tristeza, miedo, decepción, disminución del autoestima y síntomas postraumáticos.

Paula Barrios añade otras repercusiones, desde la perspectiva social, en los casos de menores de edad. “Desestructura el proyecto de vida de las niñas, las somete a condiciones para las que no están preparadas, incrementa la pobreza, y genera exclusión y discriminación”, resume.

Este tipo de agresión es común en Guatemala y se relaciona con las menores que se convierten en madres. El informe analítico “Tendencias y patrones de los femicidios en Guatemala” cita al Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, quienes, en 2023, documentaron 2,289 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, y 60,017 casos entre 15 y 19 años.

¿Cómo atiende hoy el Estado estas heridas? Con esperas eternas, falta de recursos y con personal que carece de especialización. Cecilia Valvert describe que, actualmente, hay severas limitaciones para brindar apoyo psicológico tras un hecho de violencia. Entre ellas, menciona las citas espaciadas por la alta demanda, condiciones físicas deficientes y carencia de especialización en los distintos abordajes.

El informe analítico “Tendencias y patrones de los femicidios en Guatemala” segmenta los perfiles de las víctimas de violencia. 44.8% de las denuncias recibidas provienen de mujeres entre 31 y 64 años, seguido por un 38.9% que tienen entre 18 y 30 años.

Cuando la información se presenta de esa manera, pareciera que varias mujeres han denunciado los ataques en su contra. No obstante, Karla López aclara que, en general, son pocas quienes inician un proceso penal. “En una comunidad, donde sus ingresos no son muchos, te tienes que movilizar a la cabecera, seguir un proceso. Entonces, prefieres ya no seguir. Porque conlleva un costo de la movilización, la espera, no sabes si al final vas a tener la razón”, añade.

Además, la justicia está increíblemente centralizada en el país. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Femicidio y Muertes Violentas de Mujeres se encuentra en la capital. Desde ese punto, intenta investigar y coordinar con las municipalidades. Pero, la Ciudad de Guatemala sigue siendo inaccesible para la gran mayoría.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2022, citada en el informe anterior, revela que solo 36.4% de la población ocupada en el país son mujeres. Estos datos sugieren que muy pocas víctimas tienen los medios económicos para embarcarse en un proceso judicial que podría prolongarse durante años.

Aunque la mayoría de las razones para no denunciar son específicas a las víctimas y sus circunstancias, la ineficacia de las instituciones gubernamentales tampoco las anima a hacerlo. La cadena de fallas comienza desde la escena del crimen hasta los expedientes que se amontonan.

De acuerdo con el estudio “Los Delitos contra la Mujer en Guatemala con énfasis en el Delito de Femicidio”, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 85% de los casos de violencia contra la mujer fueron desestimados en el periodo de 2010 a 2021. Además, describen que no continúan con los expedientes porque las denuncias no constituyen un delito, o la víctima se retractó.

Paula Barrios, desde su perspectiva judicial, añade a esa lista el mal manejo de los casos. “Si la escena del crimen no se maneja con la debida diligencia en los primeros momentos, el caso ya empieza con serias dificultades para llegar a una sanción penal”, menciona.

Y cuando el proceso de alarga, la Casa se vuelve un laberinto para las víctimas, quienes no encuentran salida hacia la justicia. Jackeline Trigueros, abogada litigante de Mujeres Transformando el Mundo, añade que las tardanzas del Ministerio Público conllevan a la pérdida de evidencia fundamental para condenar a los agresores. “A ello se suma la escasez del personal y de recursos materiales en dichas instituciones, situación que se refleja en la falta de insumos básicos para el desarrollo de las diligencias”, argumenta.

Este contexto nacional llevó al surgimiento y extensión del trabajo de organizaciones de mujeres, entidades que han fungido como pilares de ayuda dado que el Estado no lo hace. Un ejemplo de este trabajo es el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), que está a cargo de los CAIMUS. En estos espacios, ayudan a las mujeres que carecen de los medios económicos para pagar especialistas de atención integral.

No obstante, las organizaciones de mujeres son como David, enfrentándose con pocos recursos contra el aterrador Goliat, el machismo estructural que azota a Guatemala.

A pesar de toda la evidencia y estadísticas, dentro de este cuarto amarillo, no hay urgencia. Incluso cuando el problema va en aumento. Y, aunque no haya ninguna relación con la literatura, la frase de Virginia Woolf resuena entre las paredes: “Una habitación propia”. Las mujeres necesitan un nuevo cuarto en esta Casa, con leyes y atención integral. Que no esté construida con cielo falso, sino con garantías reales de justicia.

El Futuro: La Plaza brillante

Aunque estamos en el interior de la Casa, al abrir la tercera puerta, se vislumbra luz y la Plaza de la Constitución. Hasta el fondo, lejos de la entrada, está el Palacio, verde e imponente. En el centro de la plaza, un círculo de macetas pequeñas, con cruces incrustadas en ellas. Son de color blanco, con detalles intricados y curvas elegantes. Juntas, muy juntas, como si se tomaran de las manos para sostenerse entre ellas. Este cuarto no tiene techo, sino que yacen bajo las nubes. Pero, no se puede entrar, algo está impidiendo la entrada al Futuro.

¿Qué otra cosa podría ser sino la reestructuración estructural que pide a gritos la sociedad guatemalteca, empezando por el Estado?

El primer paso es convencer al gobierno y a sus instituciones de que se preocupen. “Siempre, para el Estado, la prioridad ha sido económica y ha sido favorecer a las clases económicas que han tenido el poder. Entonces, nunca ha importado realmente la gente empobrecida, la gente excluida, la gente marginada”, opina Lily Muñoz.

Lo curioso es que el Estado se contradice a sí mismo. Guatemala se ahoga en estas estadísticas de violencia, dando la impresión de que a las autoridades no les importan los ataques contra las mujeres. Sin embargo, sí tienen protocolos e instituciones a las que destinan fondos para resolver precisamente este problema.

El texto “Los Delitos contra la Mujer en Guatemala con énfasis en el Delito de Femicidio” explica que, en marzo de 2021, se creó el Modelo de Atención Integral para Mujeres Ixkem (MAIMI). El fin de este programa del Ministerio Público era centralizar todas las instituciones de justicia para facilitar la atención y gestiones de las víctimas.

Por otro lado, el mismo informe relata que el Organismo Judicial inició el Sistema de Atención Integral a la Víctima de Violencia contra la Mujer (SAI), con el objetivo de brindar apoyo a las mujeres durante sus procesos penales y evitar la revictimización.

En una línea similar, el “Informe de fin de año del Ministerio de Finanzas Públicas 2024” desglosa los fondos destinados a las distintas entidades públicas que trabajan con mujeres. La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) recibió Q19 millones, mientras que la Secretaría Presidencial de la Mujer ejecutó Q39.5 millones, superando el presupuesto asignado.

Y la pieza clave, la entidad que se encarga directamente de esta problemática, la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), ejecutó Q24.2 millones. Si se suma todo, solo en 2024, el gobierno asignó 82.7 millones de quetzales para atender los problemas de las mujeres.

Sin embargo, en el mismo año, según el artículo “Invisible y silenciada: la violencia contra las mujeres”, el Ministerio Público recibió 553 denuncias de muertes violentas de mujeres, lo que representa un aumento de 23% en comparación a 2023.

Entonces, ¿dónde están los profesionales especializados, las instalaciones, la innovación tecnológica para descentralizar la justicia? ¿Dónde está todo ese dinero?

Es imposible cambiar las practicas y tradiciones de décadas en un solo par de años, durante el mandato de un gobierno. No obstante, Jackeline Trigueros considera más factible la renovación de las instituciones de justicia. Ella explica que, aunque el presupuesto es importante, se debe prestar especial atención en los mecanismos de reparación para las víctimas y el incremento de recursos tecnológicos. “Las sentencias condenatorias deben ir acompañadas de mecanismos claros y eficaces para asegurar su ejecución”, describe.

En este último cuarto, la Casa se abre a las nuevas posibilidades. Desarrollar protocolos unificados, investigaciones diligentes y atención psicológica continua. La habitación propia para las mujeres debe construirse con urgencia, sin más puertas que se cierren.

Al salir de la Casa, las tres puertas quedan a la vista como capítulos sin terminar de escribir. El pasado no es un lugar seguro y los juicios del presente están plagados de fisuras. Pero, el futuro en la plaza, debe estar adornado por reformas: no más memoriales.

La Casa es Guatemala, y los hogares se miden por cómo tratan a quienes lo habitan.