El 30 de abril, el gobierno de Bernardo Arévalo dio a conocer un aumento salarial del 5% para docentes de educación pública, sin que el Ministerio de Educación haya llegado a un acuerdo con el sindicato STEG, lo que generó confrontación con el líder sindical Joviel Acevedo.
Junto con la ministra de Educación, Anabella Giracca, y el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, el presidente Arévalo oficializó el incremento, que entrará en vigor en junio. La decisión se tomó sin la aprobación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), con quienes continúa la negociación del nuevo Pacto Colectivo, proceso que inició en 2024.
El Artículo 49 del Código de Trabajo establece que un pacto colectivo debe ser acordado entre los sindicatos y los empleadores para regular las condiciones laborales. No obstante, tras meses de negociación compleja, el desacuerdo entre las partes se intensificó cuando, el 6 de mayo, el gobierno presentó una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto vigente ante la Procuraduría General de la Nación (PGN). Días después, el STEG respondió con manifestaciones, acusando al Ministerio de estar “en guerra” contra los docentes.
Luis Linares, analista del ámbito laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), recalcó que esta medida representa un cambio en la dinámica entre los negociantes, dado que, en gobiernos anteriores, el Ministerio ha accedido a todas las demandas y otorgado injerencia al sindicato en cuestiones de administración.
Linares aclaró que el Código de Trabajo sólo obliga al Ministerio a negociar con el sindicato mayoritario para consolidar las peticiones en un solo acuerdo. “Y si otros sindicatos que existen no se unen al sindicato mayoritario, pues están completamente fuera de cualquier derecho de negociar”, añadió el analista.
En su artículo “De la unidad popular al gremialismo: paradojas del sindicalismo docente en la Guatemala del ajuste estructural”, la autora Leslie Lemus explicó que, tras una huelga masiva de 53 días, el STEG se consolidó como representante sindical en 2003.
Gracias a este evento, se firmó el primer Pacto Colectivo entre las partes durante el gobierno de Álvaro Colom. José Inocente Moreno Cámbara, exviceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, relató que, desde ese momento, el sindicato ha solicitado en todas las negociaciones el incremento salarial, además de una cláusula de reserva para el documento.
En marzo de 2022, el gobierno de Alejandro Giammattei aceptó mantener el pliego de peticiones bajo reserva, lo cual permitió que el contenido del pacto se manejara en secreto. Moreno Cámbara resaltó que estas disposiciones negociadas tienen carácter de ley, sin importar que hayan artículos que favorecen más al STEG, como la participación del sindicato en convocatorias de selección de maestros. “Esto es una intromisión en las funciones propias del Ministerio como autoridad máxima en temas educativos”, opinó el exviceministro.
Sin embargo, no todos los acuerdos son objeto de crítica. Sharon Pahola Bran, jefa de la Sección de Recursos Humanos del Jurado Nacional de Oposición del Ministerio de Educación, aclaró que el Pacto Colectivo ha conseguido ampliar licencias que ya estaban establecidas en el Código de Trabajo, como el tiempo de maternidad y los días tras fallecimiento de familiares, lo cual beneficia a todos los trabajadores. “Lo que más apoya el pacto colectivo es la capacitación de todo el personal”, concluyó Bran.
Estos compromisos que el Ministerio de Educación adquiere no son dirigidos solo a una administración, sino al Estado como tal, por lo que no necesariamente se cumplen en un mismo periodo de gobierno. Esto se debe a que los directores generales dentro de la cartera educativa no son personas jurídicas ni empleadores, como destacó Oscar Augusto Rivas Sánchez en su artículo “Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público”.
Según Linares, desde el inicio de las negociaciones en 2007, los distintos gobiernos han gestionado el Pacto Colectivo a favor de los intereses del sindicato. Además de la confidencialidad aceptada durante la administración de Giammattei, el analista enfatizó que, en el mandato de Otto Pérez Molina, fue el propio binomio presidencial quien presionó al Ministerio de Educación para acelerar el proceso. “Estos casos ejemplifican esa enorme debilidad en la que han caído deliberadamente los gobiernos ante el sindicato de maestros”, aseguró.
A esto se le añaden las acusaciones de corrupción en contra de Joviel Acevedo. En julio de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al líder sindical en su informe de actores corruptos y antidemocráticos, por haber proporcionado el apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
Ante estas declaraciones, otros sindicatos educativos han comenzado a distanciarse del STEG e impulsar iniciativas propias fuera de la negociación formal. Uno de ellos es el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA), que ha participado en mesas técnicas con el Ministerio de Educación. Héctor Herrera, secretario general adjunto del SAMGUA, mencionó entre sus proyectos el cambio en la franja de supervisores, la creación del Currículo Nacional Base (CNB) de las escuelas nocturnas, y la promoción de la transparencia en los Jurados de Oposición. “Tenemos reuniones con directores departamentales y seguimos generando propuestas”, declaró el sindicalista.
Como parte de su estrategia para contrarrestar el poder de movilización y recursos del STEG, Herrera indicó que, además de presentar iniciativas ante la cartera educativa, SAMGUA ha recurrido a las redes sociales para posicionarse y generar opinión pública entre los demás compañeros del magisterio.
Aunque el conflicto entre el Ministerio de Educación y el STEG no es nuevo, el contexto actual evidencia un giro en la postura del Estado frente al sindicato, en comparación con gobiernos anteriores que cedieron con facilidad a las exigencias. Mientras otros sindicatos intentan posicionarse con iniciativas, la firma del nuevo Pacto Colectivo aún parece lejana.
